Retiro de cesantías para vivienda debe ser debidamente soportado: Corte Suprema ratifica obligaciones de trabajadores y empleadores

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La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que los trabajadores que soliciten el retiro parcial de sus cesantías para la compra, construcción o mejora de vivienda deben demostrar que los recursos fueron destinados al fin autorizado por la ley. De no hacerlo, podrían enfrentar la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

La decisión se originó a partir del caso de un trabajador con 37 años de vinculación laboral, quien obtuvo un retiro parcial de aproximadamente $100 millones de sus cesantías para la compra de vivienda. Sin embargo, pese a los requerimientos realizados por su empleador, nunca presentó los documentos que acreditaran la destinación de los recursos ni atendió satisfactoriamente el proceso disciplinario adelantado por la empresa. La Corte confirmó que el despido se ajustó a la ley.

El alto tribunal explicó que el control sobre el uso de las cesantías es una responsabilidad compartida. Por una parte, el trabajador tiene el deber de acreditar que los recursos fueron utilizados para el propósito autorizado; por otra, el empleador debe verificar el cumplimiento de esa obligación. El incumplimiento puede generar consecuencias para ambas partes.

Las cesantías constituyen una prestación social destinada a proteger al trabajador y, en determinados casos, la ley permite su retiro parcial para fines específicos, como la adquisición, construcción o mejora de vivienda, o para financiar estudios. Por ello, cuando un servidor público solicita un retiro parcial de cesantías, es indispensable conservar y presentar oportunamente los documentos que demuestren la destinación de los recursos, tales como escrituras públicas, promesas de compraventa, contratos de obra, facturas o los demás soportes que correspondan según el motivo del retiro.

Recomendaciones

  • Solicite el retiro de cesantías únicamente para los fines autorizados por la ley.
  • Conserve todos los documentos que acrediten la inversión de los recursos.
  • Atienda oportunamente los requerimientos realizados por el empleador.
  • Consulte cualquier inquietud relacionada con el trámite o la legalización del retiro.

El cumplimiento de estas obligaciones contribuye a garantizar la correcta administración de esta prestación social, protege los derechos del trabajador y fortalece la transparencia y la buena fe en las relaciones laborales dentro del sector público.

Imagen: Ambito Jurídico

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