El artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 señala que en la Nación, Departamentos, Distritos y Municipios con población superior a 100 mil habitantes, deben crear una Oficina de relacionamiento Estado – Ciudadanía, con personal de planta existente.
Esta oficina se encargará de liderar al interior de la entidad, la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano. Maryuri Castaño Canoas, Profesional Especializada de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio a la Ciudadanía del DAFP explicó que en el fondo, esta es una Ley Anti trámite y que se debe poner en funcionamiento para mejorar la experiencia del ciudadano y la confianza en lo público, para el goce efectivo de derechos.
La Ley 2052 de 2020 aplica para 152 entidades del nivel nacional, 99 entidades del nivel territorial y 73 alcaldías, por cuanto deben superar los 100 mil habitantes. El DAFP señala que el servidor público responsable de esta Oficina deberá ser del nivel directivo.
Las entidades obligadas cuentan con la Caja de Transformación Institucional donde el DAFP brinda un conjunto de instrumentos estandarizados a través de los cuales se define la estrategia, insumos, procesos y resultados esperados, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas, que buscan mejorar la relación entre el Estado y las Ciudadanías.
Las políticas de relacionamiento entre el Estado y las ciudadanías definidas por Función Pública, a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), son: transparencia y acceso a la información pública, servicio a las ciudadanías, y participación ciudadana en la gestión pública; que incluye rendición de cuentas y racionalización, simplificación y estandarización de trámites.
En el espacio virtual convocado por Función Pública, se presentaron alternativas para que las entidades cumplan con la Ley 2052 de 2020, presentando diversos escenarios para la nueva estructura administrativa. Se presentaron igualmente las experiencias del Ministerio de la Igualdad, algunas Superintendencias y la Gobernación del Tolima, que ya crearon la Oficina de relacionamiento Estado – Ciudadanía
La Caja de Herramientas que brinda el DAFP ofrece modelos de actos administrativos, para la modificación de la estructura administrativa, la modificación de la planta de personal, la modificación del Manual de funciones y la conformación de Grupo Interno de Trabajo, según la necesidad de cada entidad.
Finalmente, se concluyó que para la creación de la Oficina de relacionamiento Estado – Ciudadanía se debe capitalizar el conocimiento del talento humano, hacer equipos efectivos, mantener un diálogo fluído, fortalecer las competencias de los servidores públicos y tener una mirada holística y global, pensando siempre en simplificar y mejorar los trámites, para facilitar la vida de los ciudadanos, viendo las Políticas de MIPG involucradas, desde un enfoque articulado e integrador.
Ver video
Presentación Oficina de Relacionamiento
Claudia Salas