La Política Pública de Seguridad y Convivencia 2024-2033, presentada en el Concejo de Cali, pretende crear un marco de acción en materia de seguridad, que permita adoptar medidas para que, con el trabajo articulado de las instituciones estatales, se procure la disminución de los índices de violencia.
Asimismo, busca mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos; mitigar el impacto de los delitos contra la vida, la propiedad y el medioambiente que hoy se registran en el Distrito; además de implementar un plan de acción que incluya programas que orienten el proyecto de vida de la juventud.
“La viabilidad jurídica de esta política pública se impartió desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para su elaboración. Responde a los parámetros de expedición de esta clase de instrumentos, en la media que articula la gestión de los organismos y entidades que trabajan en torno a la seguridad y fortalece sus competencias”, conceptuó María Ximena Román García, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
¿Cuáles son los propósitos principales de esta política pública?
– Promover la cultura ciudadana para la prevención de la violencia, el delito y los comportamientos contrarios a la convivencia, vinculando a la comunidad en procesos que fortalezcan el civismo en el Distrito de Santiago de Cali.
– Mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos operativos y de investigación, a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de inteligencia del Distrito de Santiago de Cali.
– Fortalecer la inversión del Distrito en infraestructura de seguridad, convivencia y justicia, para garantizar la vida, integridad, bienes, el control territorial y la protección del medioambiente de los caleños.
– Fortalecer las capacidades de los grupos poblacionales del Distrito en materia de seguridad y convivencia, la promoción de los derechos humanos y la reducción de barreras de acceso a la justicia desde enfoques diferenciales.
Stephe Santiago Jiménez Montilla
Comunicaciones Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública