En una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional falló a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali en el proceso de tutela que la Administración del alcalde Alejandro Eder instauró contra una sentencia del Consejo de Estado. Dicho fallo pretendía obligar a todas las ciudades capitales a fijar la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA) copiando la tarifa vigente en Bogotá, desconociendo por completo la realidad de cada territorio.
Con este triunfo judicial, Cali recupera su autonomía para gestionar sus propios recursos y define sus políticas fiscales protegiendo así recursos clave destinados a la inversión social y a financiar proyectos importantes para la ciudad.
La controversia surgió cuando Asobancaria demandó un acuerdo del Concejo Distrital, que aumentaba la tarifa del ICA para el sector financiero con el objetivo de fortalecer las finanzas del Distrito y financiar proyectos estratégicos para los caleños. El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del acuerdo, bajo el argumento de que las ciudades capitales debían adoptar exactamente la misma tarifa fijada por el Concejo de Bogotá (14 por mil), sin importar las realidades económicas y fiscales particulares de cada ente territorial.
Debido a esa interpretación, en 2025 la ciudad dejó de percibir una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a educación, infraestructura, seguridad y otros programas sociales.
“Le ganamos un pulso a los bancos que pretendían limitar nuestros ingresos. Pero esta no es solo una victoria de Cali. Es de las 32 capitales del país, que ven fortalecida su autonomía y descentralización frente a interpretaciones que no atienden la realidad de las ciudades capitales.
Protegimos algo que nos pertenece: la capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos y destinarlos a lo que realmente importa: el bienestar de nuestra gente”, afirmó el alcalde Alejandro Eder.
La directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Ana Catalina Castro, explicó el alcance del fallo: “La Corte Constitucional acogió nuestros argumentos y dejó claro que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 no puede interpretarse de manera restrictiva. Las ciudades capitales tenemos derecho a fijar nuestras tarifas de ICA dentro del rango legal establecido (del 2 al 30 por mil), pero atendiendo nuestras propias realidades tributarias. Esto significa que no estamos atados a lo que decida el Concejo de Bogotá; somos autónomos para decidir lo que mejor convenga a nuestras finanzas y a nuestra comunidad. Gracias al trabajo juicioso de nuestro equipo jurídico, blindamos las finanzas del Distrito y aseguramos mejoras para el futuro de los caleños.”
El fallo tiene un impacto directo y recurrente en las arcas de Cali: gracias a esta decisión, se garantiza la posibilidad de generar ingresos adicionales para fortalecer las finanzas de la ciudad e invertir más en programas de atención a población vulnerable, mejoramiento de la infraestructura educativa, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y demás proyectos prioritarios para el desarrollo de la ciudad. Además, sienta un precedente vinculante para las 32 ciudades capitales del país, que ven fortalecida su autonomía territorial frente a interpretaciones centralistas.
#AsíRecuperamosCali, protegiendo lo que nos pertenece para construir el futuro que soñamos.
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Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública