Fue expedido un decreto que reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, con el fin de establecer programas de transparencia y ética pública en todas las entidades del país. Esta norma responde a la necesidad de combatir la corrupción, un fenómeno que socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones. A través de estas iniciativas, se busca promover una cultura de legalidad y fortalecer la moralidad administrativa en el servicio público.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia será la encargada de desarrollar y difundir un anexo técnico que servirá como guía para las entidades en la implementación de sus programas. Este documento estará disponible de manera permanente en la sede electrónica de la Secretaría, garantizando así su accesibilidad. Además, se establecerán mecanismos para recibir observaciones de la ciudadanía, lo que permitirá una mayor participación y transparencia en el proceso.
El decreto también establece plazos específicos para que las entidades del orden nacional y territorial adapten sus programas. Las entidades nacionales tendrán un año para realizar las modificaciones necesarias, mientras que las territoriales contarán con un plazo de dos años. Esta medida busca asegurar que todas las instituciones cumplan con los estándares de transparencia y ética establecidos por la ley.
Asimismo, se enfatiza la importancia de articular los programas de transparencia con los sistemas de administración de riesgos existentes en las entidades. Esto permitirá una gestión más efectiva de los riesgos de corrupción y contribuirá a la construcción de un Estado más abierto y responsable. La implementación de estas medidas es fundamental para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Fuente: Ambito Jurídico