El Departamento Administrativo de la Función Pública hace un llamado a las más de 264 entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial para que creen, dentro de su planta de personal existente, una dependencia única de relacionamiento con las ciudadanías, la cual se encargará de liderar la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado-Ciudadanía definidas por Función Pública.
Las políticas de relacionamiento entre el Estado y las ciudadanías definidas por Función Pública, a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), son: transparencia y acceso a la información pública, servicio a las ciudadanías, y participación ciudadana en la gestión pública; que incluye rendición de cuentas y racionalización, simplificación y estandarización de trámites.
La Ley 2052 de 2020, que aborda la creación de esta área, aplica a toda la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, así como a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas. La disposición en el nivel nacional atañe a las 164 entidades de la rama ejecutiva, con respecto al territorio le corresponde a los departamentos, distritos y municipios con población superior a 100.000 habitantes, es decir, 100 alcaldías y gobernaciones.
Función Pública ha brindado asesorías y asistencia técnica a las entidades para que, con base en análisis de caso, puedan crear esta dependencia. Para ello puso a disposición la “Caja de Transformación institucional: guía para la creación de esta dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con las ciudadanías”.
En este espacio se define la estrategia, insumos, procesos, resultados esperados (productos, efectos e impactos). Esta caja reúne un conjunto de instrumentos estandarizados y diseñados para orientar a las entidades en la implementación de la instancia que lidera el relacionamiento con las ciudadanías.
En cumplimiento de la Resolución 455 de 2021, Función Pública presenta un informe anual a la Procuraduría General de la Nación-PGN sobre el cumplimiento de la Ley 2052 de 2020, indicando en detalle los avances y rezagos de las entidades.
La Procuraduría y demás entes de control, en cumplimiento de sus funciones y amparados en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011, interpondrán las sanciones que consideren convenientes por el incumplimiento de las directrices.
El plazo que brinda la Ley es de doce (12) meses para la creación de la dependencia contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley, que fue en agosto de 2020, es decir que el plazo venció en agosto de 2021.
Al cierre de la vigencia 2023, de las 264 entidades que debían avanzar en la creación de la dependencia de relacionamiento con las ciudadanías, apenas 30 de ellas, o sea el 11,4% evidenciaron haber dado cumplimiento a esta disposición.
La creación de esta dependencia es crucial para la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Gobierno del Cambio. El alcance de esta nueva área debe ser de nivel estratégico y no operativo/apoyo, la idea es que trascienda de la mera administración de canales y gestión de requerimientos, al liderazgo de todas las políticas de relacionamiento con las ciudadanías de manera integrada.
Fuente: DAFP